Por Gabriela Martini Armengol
Directora SABERES DOCENTES
Más allá de los resultados preliminares de la votación del Instituto Nacional que cerraron, por ahora, las puertas al ingreso de mujeres y, con ello, también cerraron la posibilidad de situar al Instituto Nacional a la vanguardia de los cambios que el sistema escolar chileno, uno de los más segregados e inequitativos del globo, el proceso abrió las puertas de la necesaria discusión país respecto al rol del Estado en educación y a la reflexión en torno a la vigencia de la educación segregada. Ello en un contexto, que como sabemos, la política pública en todos (o en muchos) de sus ámbitos ha puesto la equidad de género como un elemento central.
Tras los resultados conocidos a la fecha (las actas oficiales se esperan para este viernes), han surgido múltiples voces críticas que apelan, con razón, a la potestad que tiene una comunidad escolar para tomar una decisión de alcance nacional como es excluir la mitad de la población de sus aulas, desconociendo los marcos nacionales e internacionales en materia de equidad de género. También se ha instalado la discusión sobre la generación de una ley que establezca la educación mixta en los establecimientos públicos y con financiamiento del Estado. Ley que iría un paso más allá del Proyecto de Ley para propiciar la participación igualitaria de hombres y mujeres en comunidades educativas, que comenzó a discutirse en la Comisión de Educación y Cultura del Senado en 2018.
Ello sería consistente con el horizonte valórico que han querido plantear otras tantas leyes como son las de Inclusión, Contra la Discriminación, de Identidad de Género y numerosas políticas y planes en el ámbito educativo tales como la Política de Convivencia Escolar, el Plan de Formación Ciudadana, el Plan de Igualdad y Equidad de Género (si bien en su nueva versión gubernamental pasa a ser Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres, omitiendo a las disidencias sexuales, “detalle” no menor, y más lejano aun las ideas de performatividad promovidas por Judith Butler). Normativas que son complementadas por un sin número de decretos, instructivos, documentos metodológicos ministeriales que orientan y facilitan su aplicación en las escuelas y liceos de nuestro país, pretendiendo con ello avanzar hacia una sociedad de mayor integración e inclusión.
Una ley que definiera el compromiso y el deber del Estado por la inclusión de las mujeres en todos los establecimientos públicos, sin duda sería un avance hacia el camino de la equidad de género en educación y al derecho a la educación de todos y todas en igualdad de oportunidades, ello si bien es ampliamente sabido que la educación mixta no acaba con el sexismo en educación. Pero la pregunta es ¿las políticas públicas resuelven el tema que subyace a la discusión de fondo que revela la decisión de la comunidad institutana?
No, ciertamente no. Si bien, el sistema legislativo establece un marco normativo que mandata a nuestras instituciones, a nuestra sociedad y a sus ciudadanos y ciudadanas y permite la generación de condiciones propicias para las transformaciones sociales en tal o cual sentido, ello, representando un avance relevante, no produce un cambio inmediato en la acción social y en los sistemas de creencias e imaginarios sociales basados en convicciones e interpretaciones religiosas, políticas, el sentido común, la experiencia vital, prejuicios, tabús o en la simple ignorancia.
Los ejemplos sobran. A pesar de todas las nuevas normativas tendientes a la inclusión en diversos ámbitos (social, de género, laboral, de personas con discapacidades físicas o intelectuales) las transgresiones a los derechos políticos, sociales y laborales continúan, la violencia de género no cesa, las golpizas por homo o transfobia no paran, entre tantos otros ejemplos que dan cuenta del difícil tránsito hacia el respeto real de los derechos humanos en todo orden de la vida económica, política y social.
En este sentido, los resultados de la votación del IN no son más que el espejo de nuestro Chile actual y de las tensiones y resistencias que se presentan ante un contexto de cambios culturales. Una sociedad que en reacción a la propia exclusión, excluye.
Los argumentos de la segregación (por sexo, en este caso) se sostienen en creencias sociales y culturales profundamente arraigadas en nuestra sociedad, o al menos en parte importante de ella. Y particularmente presentes en el discurso del mundo adulto. Una línea argumental, y evidentemente valorativa, es el apego a la historia, a las tradiciones, a la identidad, desde una visión acrítica que desconoce tanto los cambios históricos, como el que las tradiciones son parte de la cultura que por esencia se transforma y transforma. Pero sobre todo que no es consciente (¿o sí?) que la tradición, historia e identidad que se enarbola, está construida sobre el privilegio de ser hombre, como es en el caso del IN.
El impacto de la presencia de mujeres en el aprendizaje de los varones y las consecuencias sobre el rendimiento escolar es otro polo de tensión y de argumentación a favor de la segregación. Es decir, la creencia de las mujeres como agentes disruptivos de la conducta masculina. Sin embargo, no hay estudios, o al menos estudios serios que sean referidos en la literatura, que corroboren el mito que se ha ido tejiendo en torno a esta materia. Más bien, la literatura, los datos duros, sostienen que las diferencias de resultados en diversas pruebas, donde las mujeres aparecen sistemáticamente con mejores resultados en lenguaje y los hombres en matemática, obedecen a patrones culturales. En la misma línea, los espacios de aprendizajes diferenciados crean una realidad irreal con relevantes consecuencias en la socialización entre los géneros que se manifiestan en la adolescencia y la vida adulta.
También cabe señalar la creencia sobre la neutralidad de los modelos pedagógicos, el curriculum y las practicas pedagógicas. La literatura especializada y los estudios del ámbito educativo, justamente indican que ellos son los principales reproductores de la cultura patriarcal y androcéntrica. Los textos escolares, la selección de sus contenidos, los enfoques para el desarrollo de las temáticas, las ilustraciones y las prácticas de enseñanza son justamente las vías a través de las cuales se reproducen los estereotipos de lo masculino y lo femenino. Incorporar un lenguaje inclusivo, por ejemplo, es un paso importante, aunque ciertamente no aborda los temas de fondo que conciernen a este punto, que por cierto involucra a todas las instituciones educativas de todos los niveles de enseñanza.
Las creencias no cambian solo por los marcos legales o por los numerosos estudios académicos que insisten una y otra vez en demostrar que el sexismo en educación está arraigado en una cultura patriarcal, y, por ende, en los sistemas de creencias y valores en que la sustentan. Sabemos que los cambios culturales son lentos y que requieren de profundos procesos de debate y reflexión crítica, de información y de formación.
En este marco, las voces de los estudiantes, quienes son los protagonistas de los procesos educativos, se contraponen a los discursos del mundo adulto y denotan sus procesos de deconstrucción y de cambio de creencias, en relación a la integración de los géneros en pos de la igualdad de oportunidades para todos y todas. Son, una vez más, las nuevas generaciones las que expanden los límites de lo posible y lo creíble. Es la historia del propio Instituto; recordemos que la primera toma estudiantil efectuada en 1833, se desarrolló en protesta por los azotes, legitimados en ese entonces como herramienta pedagógica de regulación de la disciplina. Si hace más de 180 años fue posible cuestionar y cambiar el modelo pedagógico vigente, sin duda el cambio también será posible ahora. Es cuestión de tiempo.
