El concepto de inclusión da cuenta de un paradigma que se ha vuelto cada vez más relevante y central en la educación. Sus implicancias pueden observarse en todos los niveles del sistema educativo, puesto que la inclusión tiene múltiples dimensiones: sociales, económicas y educativas, entre otras.

Desde la dimensión educativa propiamente tal y en el trabajo de aula en particular, la expectativa de actuar de manera inclusiva es muy desafiante para quienes participan en los procesos de enseñanza–aprendizaje.

En años recientes las políticas educativas han tenido un rol promotor de los procesos inclusivos, al incorporar normativas y legislación que busca favorecer la inclusión. Una de las normativas que ha tenido mayor repercusión en las instituciones escolares en esta materia es el Decreto N° 83 del año 2015 que “Aprueba Criterios y Orientaciones de Adecuación Curricular para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de Educación Parvularia y Educación Básica”.