EDITORIAL: La necesidad de avanzar en una cultura para la promoción de los Derechos Humanos

Por Pablo González,
Sub-director de SABERES DOCENTES

 

 

   Por Pablo González,
   Sub-director de SABERES DOCENTES

 

 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ONU. 1948.

Diversos acontecimientos ocurridos en el país en el transcurso de las últimas semanas, señalan la necesidad de avanzar en un diálogo nacional en torno a las evidentes carencias que culturalmente tiene aún la sociedad del Chile contemporáneo en relación al respeto efectivo por los principios y valores universalmente reconocidos y consagrados en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El abuso, la violencia y la discriminación a las que han sido sometidos numerosos grupos de inmigrantes constituyen una de las expresiones más vergonzosas e indignantes de tales acontecimientos. En especial si se considera que las víctimas preferentes de estos bochornosos hechos son personas categorizadas en una supuesta condición de inferioridad en relación al chileno medio. Se discrimina a haitianos, colombianos, peruanos. Más no así a europeos u argentinos que llegan a Chile por situaciones similares: la falta de trabajo.  

En una manifestación proaborto, un grupo de mujeres es atacado por una banda de sujetos escudados en el anonimato y la confusión. En Europa un acto de este tipo es calificado y perseguido como un acto terrorista. En Chile, la reacción de las autoridades y dirigentes políticos ante este hecho es más bien formal.

En dos importantes canales de televisión, con desenfado y odiosidad, “rostros” locales hacen gala de su apoyo y defensa a criminales de lesa humanidad y son defendidos por algunos otros por su supuesta consecuencia y lealtad a supuestas ideas políticas. En Alemania, defender públicamente al nazismo y a las atrocidades de ese régimen, es razón suficiente para ser condenado a prisión.

La semana del 30 de julio, ONU concluyó que SENAME, un organismo estatal destinado a la protección de los niños y niñas más desprotegidos, cometió “graves violaciones” a los derechos de quienes debía proteger. La paradoja es que el Ministro de Justicia es quien da a conocer este hecho. El mismo que ofició como principal vocero de la irrestricta defensa a Colonia Dignidad y sus jerarcas, criminales que sistemáticamente violentaron a decenas de niños y jóvenes y que fueron pieza clave de las violaciones a los derechos humanos en Chile.

Como corolario de estas situaciones, la Corte Suprema decreta la libertad de algunos de esos mismos criminales, apelando a razones humanitarias, cuando en el derecho internacional, dichas razones no son aplicables a este tipo de delincuentes.  

Cabe preguntarse entonces, ¿dónde se hallan las causas que podrían explicar esas y otras situaciones que a diario ocurren en Chile y recuerdan los peores años del terrorismo de estado?. Hacerse esta pregunta ahora es una tarea urgente y necesaria. La sociedad chilena ya cometió el error de no hacerse este tipo de preguntas antes y se sabe el alto costo que ha debido pagar hasta el día hoy.

Si bien el número 2 de este boletín no está dedicado a abordar este tema, parece necesario al menos en esta editorial, dar breve cuenta de la necesidad de construir de manera efectiva una cultura basada en la promoción y el respeto de los derechos humanos. Los hechos vividos en Chile, en el pasado y en el presente, nos exigen ello.   

Las instituciones formadoras como son las universidades, institutos de educación superior y establecimientos escolares, tienen el deber de propiciar en sus comunidades diálogos efectivos que permitan la elaboración de políticas y programas de educación basados en la promoción y defensa de los derechos  humanos, como una doctrina que permite la sana y democrática convivencia en una sociedad crecientemente diversificada y heterogénea.

Por esa vía podrá aportarse a la edificación de una sociedad que establece en todos los planos de su vida, relaciones basadas en el respeto pleno por la dignidad y los derechos del otro. De esta manera, las nuevas generaciones de ciudadanos se harán cargo de levantar un sistema democrático que se consagra a representar los intereses mayoritarios y soberanos de los habitantes de esta tierra, sin importar su origen, clase social, color de piel, creencia, religión, ideología, opción sexual o política.

 

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