Educación en derechos humanos

Carla Peñaloza Palma,
Académica Departamento de Ciencias Historicas, Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad de Chile.

 

La comisión de verdad y reconciliación, más conocida como Informe Rettig, es el primer gesto oficial de reparación de las víctimas del Terrorismo de Estado. Junto con reconocer a las víctimas del terrorismo de estado, y dar cuenta de las circunstancias de su desaparición o muerte, entrega, de acuerdo al mandato recibido, una propuesta de “medidas de reparación y reivindicación de las víctimas”, entendidas estas como “un conjunto de actos que expresan el reconocimiento y la responsabilidad que le caben al Estado en los hechos” mencionados en el Informe. Y una tarea “en la que el Estado ha de intervenir en forma consciente y deliberada”, en un plazo prudente. Al mismo tiempo se sugiere una serie de medidas para la prevención de las violaciones a los derechos humanos.

Sabemos que este informe ha sido cuestionado en distintos momentos, por diversos sectores de la sociedad. Desde las organizaciones de derechos humanos, las criticas apuntaron especialmente a sus déficits.

Aún así, el informe va más allá de lo que hasta ahora se ha hecho en relación a esta materia de reparación, lo que podríamos decir, era el mínimo exigible. Por cierto, la tarea no era fácil, y se hizo a medias. Los gobiernos democráticos tuvieron algunas iniciativas importantes. Algo de verdad, algo de justicia, y de reparación material y simbólica. Sobre este último punto, aquella en la que cada uno de nosotros más podía hacer, es al mismo tiempo una de las más deficitarias.

En materia de prevención, a la luz de los hechos acontecidos en el último tiempo en Chile, y de la ostensible falta de políticas públicas, sin duda que es una asignatura pendiente.

La educación debía y debe jugar un rol trascendental en esta materia y se ha abstenido de hacerlo, a pesar de las dramáticas consecuencias que eso puede tener en el futuro.

El Informe Rettig señala “corresponde principalmente a la educación en sus diversas áreas desplegar los esfuerzos necesarios para incorporar efectivamente a la cultura nacional el respeto de los derechos humanos”. Convengamos que la primera deficiencia es la ambigüedad de la afirmación. No hay muchas más indicaciones al respecto, y a la larga eso se ha traducido en políticas escasas y erráticas respecto al tema. Pero el problema es aún peor.

Como señala el informe esta es una tarea del Estado, que la ciudadanía debe exigir como derecho y exigir su cumplimiento. Lo poco que existe en el orden de políticas públicas, no se cumple. Ni siquiera los contenidos mínimos del currículo escolar en torno al período de la dictadura. Un breve listado nos desnuda como país entero, no sólo a sus instituciones, sino que también a nuestras prácticas cotidianas. Nadie supervisa que se cumpla el programa, se argumenta que no hay tiempo o no existen las herramientas para hacerlo, los apoderados reclaman que se politiza a sus hijos y eventualmente los sostenedores pueden terminar sancionando a un profesor porque no le gusta como pasó los contenidos.

Finalmente, todo queda bajo la responsabilidad de un docente que no ha sido formado para hacerlo, pues el mismo ha sido fruto de un sistema escolar que no ha considerado la formación en derechos humanos, como parte importante del quehacer docente.

Pero si la solución está en la formación docente, las Universidades, incluida la principal universidad del Estado, no ha encarado este problema en toda su complejidad y relevancia. Al día de hoy aún no existe, como política general y sistemática, formación para docentes, ni para ninguna otra carrera de la universidad, una asignatura obligatoria en este sentido. La mayoría de las iniciativas responden al interés de académicos particulares en enseñar materias vinculadas a los derechos humanos, en general de carácter electivo. La realidad en otras universidades y carreras pedagógicas es similar.

La formación docente queda entonces bajo la exclusiva responsabilidad de los profesores que deben buscar alternativas en cursos de extensión y posgrado, cuya oferta es al mismo tiempo limitada.

Podemos decir, bajo está lógica, que de dictadura y derechos humanos se habla poco y nada, lo que sumado al lamentable rol que juegan los medios de comunicación, dejan a la ciudadanía sin poder ejercer su derecho a la información, sin que a nadie parezca importarle.

Insistir en la formación en derechos humanos es una tarea urgente, y en primer lugar debemos procurar que sea una tarea compartida, encabezada por el Estado y secundada por la universidad, los actores de la comunidad escolar, y en definitiva la sociedad toda. El beneficio será a largo plazo y para las grandes mayorías de este país.

Compartir:
http://uchile.cl/p150317
Copiar