Clausurar el espacio escolar, otra forma de vulnerar el derecho a la educación y reforzar la criminalización de la protesta secundaria






Por Marcela Bornand
Coordinadora Núcleo Convivencia Escolar, Ciudadanía, Género e Inclusión del Centro SABERES DOCENTES.

A dos semanas de la revuelta popular y estallido social chileno de octubre, el día domingo 3 de noviembre, la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago informa que: “…se retomarán las clases en todos los liceos municipales de la comuna, a excepción del Instituto Nacional José Miguel Carrera y el internado Nacional Barros Arana. […] La decisión tomada se basa en que en este momento no existen las condiciones de seguridad adecuadas para proteger tanto a la comunidad escolar como a los funcionarios de los establecimientos […] y que además ha sido en estos liceos donde se han concentrado la mayor cantidad de hechos de violencias y vandalismos durante el año” (Comunicado DEM Santiago, 3-11-2019). Además, se afirma que esta decisión fue respaldada por el gobierno.

Hablemos de vulneración de derechos. La medida del cierre escolar de estos dos liceos vulnera el derecho social a educarse de más de 5.300 estudiantes secundarios. Esta medida podría incluso considerarse ilegal desde el marco jurídico de la hoy -tan necesariamente cuestionada- constitución política de Chile, en tanto las autoridades de la DEM de Santiago establecen diferencias arbitrarias para el cierre de año de ambos establecimientos. Así también, el municipio como sostenedor, no estaría cumpliendo con el deber establecido en la LGE de garantizar el año escolar para miles de estudiantes. Luego, surgen varias interrogantes: ¿acaso puede una municipalidad tomar tal decisión de facto, con autonomía de la SEREMI Metropolitana de Educación?, ¿puede cerrarse el año escolar sin que se cumpla el mínimo de semanas lectivas?, ¿por qué en esta ocasión simplemente decidir cerrar el año escolar, si en tantas otras los estudiantes recuperaron clases hasta enero para cumplir con el mandato de las semanas mínimas requeridas?.

Más allá de lo ilegal de esta medida, es interesante volver a preguntarse por los principios y racionalidades que fundan esta decisión para solo dos liceos del municipio. Así como todo este año 2019 se justificó mediante el discurso de la ‘seguridad de la comunidad’ el ingreso de fuerzas especiales a estos dos liceos y la violencia policiaca abusiva hacia los estudiantes, niños y jóvenes, vulnerando todo marco de derecho, hoy este discurso nuevamente se utiliza para cerrar abrupta y arbitrariamente el año escolar. Siguiendo la lógica del municipio, si estas dos comunidades educativas han estado marcadas por la violencia y el vandalismo durante el último año, ¿entonces cerrar el espacio escolar formativo es realmente la medida ‘educativa’ indicada para los jóvenes estudiantes de esos liceos?, ¿de qué nos habla una administración educativa que ante el conflicto y la violencia cierra las puertas a sus estudiantes?, ¿qué pedagogía está hablando allí donde se clausura el espacio educativo de una comunidad en conflicto y en tiempos sociales de revuelta popular por una sociedad más justa?.

Hablemos ahora de medidas autoritarias. ¿Fueron activadas las instancias y espacios comunitarios de discusión para tomar esta decisión?, ¿dónde queda la tan renombrada voz de la comunidad educativa?, ¿sesionó el consejo escolar?, ¿hubo trabajo de discusión y deliberación en cada actor? Hoy el enfoque participativo es central en la política pública educativa en las distintas dimensiones de la gestión y la experiencia escolar, sin embargo, en tiempos de crisis comunitaria el municipio de Santiago opta por silenciar la voz de los actores, vulnerando así también el derecho a social a la educación de toda una comunidad que ya ha sido suficientemente criminalizada en el último tiempo.

Para terminar, recordar un antecedente: el día lunes 7 de octubre, ante el alza del pasaje de metro, decenas de estudiantes secundarios del Instituto Nacional comienzan la evasión masiva del metro con la consigna “Evadir, no pagar / otra forma de luchar”. Hoy, esa otra de forma de luchar, ya quedó grabada a fuego en nuestras memorias como el acto de rebeldía que nos hizo comprender como sociedad, por fin, que no había más gotas para rebalsar el vaso del abuso y la humillación. Una vez más fueron las y los secundarios quienes encienden el alma del movimiento social, entendiendo su actoría como una trayectoria de politización y movilización, un continuum desde la revuelta de 2001 por el pase escolar, pasando por el mochilazo 2004, revolución pingüina 2006 en adelante hasta este octubre de 2019. En tal sentido, quizás Chile recién despertó, pero las y los secundarios están despiertos hace más de 20 años buscando la transformación social en las calles y en sus escuelas.

Hoy, en este escenario histórico de movilización social, debemos denunciar con firmeza, que este tipo de medidas autoritarias e ilegales, van contra el derecho a la educación de las y los jóvenes y sirven justamente para reforzar la criminalización de los estudiantes secundarios, su protesta y sus demandas de justicia social y otra educación pública de calidad, inclusiva, no sexista y democrática. Hoy, a ese sujeto secundario, que ha sido continuamente criminalizado en su protesta política, se le ha arrebatado también el derecho por el cual justamente han estado luchando desde hace 20 años: el derecho a educarse en dignidad.

Otro hecho de indignación. Hace 6 días, y en medio de una manifestación estudiantil, la policía entra al liceo 7 Teresa Prat de Santiago, agrediendo, golpeando y disparando perdigones y balines en el patio del espacio educativo, dejando a dos estudiantes heridas. ¿De qué seguridad hablamos entonces cuando se violenta de este modo a niñas en el lugar que debiese justamente velar por el resguardo de sus derechos fundamentales?.

A minutos de terminar esta columna, se difunde la noticia de que estudiantes del Instituto Nacional se toman el liceo. La consigna del lienzo en el frontis de la toma versa a la Violeta: ‘El león es un sanguinario en toda generación: nos quiere calladxs y sin educación’, exigen además al gobierno que deje su sordera intransigente hacia las demandas educativas y que se convoque a una asamblea constituyente de una vez por todas.  Segundos más tarde, ya se habla de 9 liceos en toma. Al parecer esto recién comienza. Queridos y queridas estudiantes, hoy todas y todos somos llamados a luchar porque su voz no sea callada y su educación digna sí sea garantizada.

 

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