Declaración pública comunidad educativa Liceo Manuel de Salas

A docentes y comunidades educativas

Quiénes trabajamos a diario en la enseñanza sabemos que el sistema educativo en su conjunto, sus instituciones y comunidades, tienen como horizonte de sentido la promoción de la igualdad y el pleno desarrollo de las capacidades humanas, a través de la formación integral y política de cada estudiante. Esto significa que todas las escuelas debieran orientar su formación hacia la recepción y el acompañamiento de todas y todos quienes deseen educarse, cualquiera sea su condición, interés y ritmo de aprendizaje. La crisis que arrastra hace más de cuarenta años el sistema público de educación es producto de la erradicación violenta de ese horizonte de sentido formativo. Persiguiendo, deteniendo, torturando, asesinando y haciendo desaparecer a jóvenes estudiantes y docentes, la dictadura cívico militar impuso las reformas que maniataron la capacidad del sistema para resguardar y defender que seamos las comunidades educativas quienes realicemos las transformaciones que nos permitan educar integralmente. La PSU no solo es el nudo que ciega a la política pública respecto a la urgente transformación del sistema educativo en la dirección señalada, sino que de hecho es el mecanismo más eficiente en la reproducción, perpetuación y profundización de la segregación y la desigualdad en el país.

Nuestra generación no logró desatar los instrumentos jurídicos creados en dictadura por quiénes la detentaron, la apoyaron y hoy nos gobiernan. Son estos instrumentos los que ahora vuelven poco «efectivas» las desapariciones forzadas, porque a través de esos instrumentos –como hemos sido testigos en estos meses– todavía matan, mutilan, torturan, violan, reprimen y amenazan impunemente a quiénes defendemos la formación integral y política como piedra angular del sistema educativo. Pero la privación de libertad y el asedio jurídico hacia el profesor Rodrigo Campos, y, más gravemente aún, la violenta persecución hacia jóvenes dirigentes de la ACES –a todos quiénes se les intentó o se está intentando aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado–, deben activar nuestra memoria. Los mecanismos de persecución y la violencia ejercida podrán «sofisticarse», pero no borrarán el recuerdo de la detención y la relegación del dirigente Marco Escárate, tampoco el asesinato de Paulina Aguirre, los hermanos Vergara ni el caso degollados. Porque a 35 años del 10 de julio de 1985, en que la toma del Liceo A-12 lograra la destitución del ministro de educación Horacio Aránguiz, las y los estudiantes demostraron que siempre han sido actores políticos relevantes en la sociedad y, en consecuencia, no han dejado de ser perseguidos, criminalizados y asesinados. ¿Cuál es entonces nuestro rol como trabajadoras y trabajadores integrantes de instituciones educacionales?

Es necesario impugnar los discursos que buscan desviar la problemática hacia el «derecho a dar la prueba» o a «la forma» en que se realiza la protesta, porque son formas de invisibilizar lo que debiera ser la verdadera discusión de fondo. Como señalábamos anteriormente, la PSU es la expresión más concreta y visible de un sistema que, junto a políticas como Aula Segura o Admisión Justa, van en dirección contraria a principios educativos esenciales como la integralidad y la ciudadanía. Porque le traspasa a las y los estudiantes la responsabilidad por la mala educación que la misma política pública entregó, porque segrega por estrato social y capital cultural, porque reproduce sesgos de género, hegemonías culturales y obliga a competir descarnadamente entre estudiantes. Si a esto sumamos la muy cuestionada promulgación de la Ley de responsabilidad penal adolescente, y el hecho de que en Chile aún no exista una Ley de protección integral de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el escenario para las y los estudiantes secundarios que hoy se persiguen, detienen y criminalizan brutalmente, es de un nivel de vulneración que no tiene parámetros.

Por estas razones hay que pasar de las manifestaciones de solidaridad a la compañía y la defensa activa del movimiento estudiantil. Es necesario y urgente que las instituciones educacionales y las comunidades educativas que integramos, condenemos enérgicamente la persecución y detención de nuestras y nuestros estudiantes, y que valoremos su voluntad de participación política. Especialmente, la participación de aquellas y aquellos estudiantes que, a través de vocerías, asumen la conducción de estos legítimos procesos de manifestación, frente a un gobierno cuyas políticas públicas en materia de educación y juventud han sido esencialmente represivas. Parece necesario recordar al gobierno que la sociedad ha respaldado ampliamente las demandas estudiantiles, que las comunidades escolares somos garantes de sus derechos y que como docentes tenemos el deber de ser agentes dinamizadores de las instituciones que acogen nuestra labor, pues debieran ser estas últimas las que respalden de forma masiva y categórica a cada estudiante por ejercer su derecho a opinar y manifestarse libremente.

Como educadoras, profesoras, profesores, trabajadoras y trabajadores de la educación del Liceo Experimental Manuel de Salas, manifestamos nuestro apoyo total al vocero de la ACES, recientemente egresado de nuestra institución, y denunciamos la injusta detención de un estudiante y dos exestudiantes de nuestro espacio educativo, quiénes se encuentran a la fecha en prisión preventiva. La historia y los valores que defendemos como comunidad educativa nos obligan a alzar la voz y repudiar este tipo de medidas dictadas por la ministra Marcela Cubillos, por carecer de cualquier orientación formativa, y porque su falta de formación pedagógica y experiencia educativa es abiertamente negligente, poniendo en riesgo los derechos de las y los estudiantes de todo el país.

Por extensión, hacemos manifiesto nuestro apoyo a todas y todos los estudiantes que han postergado voluntariamente o en apoyo a la manifestación, sus aspiraciones y proyectos personales para mantener viva la lucha por una educación pública, gratuita y de calidad, que beneficiará en definitiva a todos y a todas. Realizamos un llamado también a cada docente y a todas las comunidades educativas e instituciones educacionales del país a manifestar su apoyo a los y las estudiantes perseguidas, a exigir la libertad de quiénes hayan sido injustamente detenidos, y a frenar en definitiva el proceso de violencia y criminalización estudiantil del que han sido objeto. Por último, les invitamos a pensar y proponer alternativas de ingreso a las instituciones de educación superior que no perpetúen la desigualdad social, sino que resguarden la integralidad y defiendan el legítimo derecho a manifestarnos.

 

Firman:

Vannia Villagran

Cynthia Shuffer

Luis Romanque

Natalia Díaz

Valeria Durán

Facundo Ferreiros

Marcela Bornand

Rodrigo Ahumada

Guillermo Sohrens

Carolina Lara

Paula Olea

Claudia Cea

Darlen Manzano

Francisca Küpfer

Nicolás Barría

Alessanndra Miranda

Belén Quintanna

Fernanda Sepúlveda

Carolina Hernández

Juan Pablo Castro

Ignacio Tapia

Jennyfer Poblete

Diego Gaete

Catalina Feliú

Marcela Jara

Patricia Muñoz

Brenda Gómez

Maximiliano Bravo

Pamela Toledo

Cristián Ibáñez

Pablo Montecinos

Jorge Palma

Alejandra Salgado

Alejandra Ruiz Tagle

Arnavik Orrego

Carolina Vergara

Alejandra Huerta

Felipe Pino

Viviana Oros

Andrea Alfaro

Alonso Parra

Gabriela Núñez

Eduardo Cepeda

Bethania Maturana

José Oliveros

Ineldy Correa

Cecilia Esquivel

Erika Pérez

Valeria Macías

Marcia Ravelo

Rosa Díaz

Cindy Vidal

Catalina Valdés

Carol Onetto

Macarena Pinto

Paulina Díaz

Claudia Iturriaga

Pedro Caballero

Patricia Uribe

Claudia Urzúa

Michelle Gorigoitía

Natalia Cruz

María Angélica Saavedra

María Elvira Ahumada

Gabriel Roa

Mariangel Donoso

Carolina Soto

Martina Jara

Cynthia Pérez

Carolyn Muñoz

Rosita Galaz

Diana Villarroel

Sandra Vergara

Diana Arriagada

Verónica Garrido

Matías Kopaitic